Una coalición de sindicatos, organizaciones religiosas y defensores de los derechos humanos ha presentado una demanda contra la administración Trump. El motivo es su rechazo a las modificaciones implementadas en el programa de visas de trabajo H1B, las cuales consideran "ilegales". La demanda argumenta que estas modificaciones violan la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Una coalición compuesta por sindicatos, organizaciones religiosas y grupos defensores de los derechos humanos presentó este viernes una demanda contra el Gobierno de Trump en rechazo a las modificaciones introducidas al programa de visas de trabajo H1B, a las que califican de “ilegales”.
El pasado 19 de septiembre, la Casa Blanca emitió un decreto que establece una tarifa de 100.000 dólares para la emisión de nuevos visados de este tipo. Posteriormente, el Ejecutivo dio a conocer más cambios en el programa, orientados a priorizar a solicitantes con mayores niveles salariales y altos grados de formación profesional.
La querella sostiene que estas disposiciones violan la Ley de Inmigración y Nacionalidad, argumentando que la administración no cuenta con “autoridad unilateral” para modificar un esquema legislativo creado por el Congreso.
“Lo más fundamental es que el Presidente no tiene facultad para imponer de forma unilateral tasas, impuestos u otros mecanismos para generar ingresos para Estados Unidos, ni para dictar cómo se gastan esos fondos”, detalla el documento judicial, presentado ante una corte federal en California.
Los cambios al visado H1B, que otorga un permiso para trabajar y vivir legalmente en EE.UU. a las personas que tengan apoyo de una empresa estadounidense, ha generado reacciones mixtas: algunos directores de grandes tecnológicas, como OpenAi o Nvidia, han abrazado los cambios, asegurando que les ayudarán a traer a “los mejores” trabajadores al país, evitando las famosas loterías de estos visados.
Sin embargo, algunos abogados de inmigración y expertos en economía rechazan la decisión del presidente Donald Trump, poniendo en duda su legalidad y alertando que podría acabar “por completo” con el programa H1B.