El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) rechaza las acusaciones de discriminación tras el cierre de numerosos comercios, principalmente de propietarios chinos. Las autoridades insisten en que las clausuras se deben a graves fallas estructurales que ponen en riesgo la seguridad pública. Más de mil edificaciones han sido notificadas desde 2022, con un total de 18 mil inspecciones realizadas. El MIVED afirma que el objetivo es preservar vidas ante el riesgo de colapso.
El ministro de Viviendas y Edificaciones, Carlos Bonilla, desmintió la existencia de obstáculos burocráticos dirigidos a un sector específico. Aseguró que, desde 2022, se han notificado más de mil edificaciones de diversas índoles, producto de un total de 18 mil inspecciones.
En una entrevista, el ministro Carlos Bonilla aseguró que las autoridades buscan ante todo preservar vidas, no perjudicar a la comunidad china. “Ya vimos que una tienda se desplomó sin necesidad de un terremoto. Estas estructuras deben soportar movimientos sísmicos y no lo hacen”, enfatizó.
Según explicó el funcionario, la decisión de intensificar las inspecciones se produjo tras el derrumbe parcial de la tienda Nave Cheng, conocida como Plaza Baza, en Santiago, en septiembre de 2024. La edificación carecía de permiso de construcción y, a pesar de las notificaciones, fue inaugurada con el nombre de Benchi Plaza, hasta que su fachada se vino abajo, hiriendo a tres personas.
Bonilla informó que se realizó un operativo especial en este tipo de tiendas, en el cual se notificaron 88 comercios. Indicó que el 47% de esos 88 están en proceso de regularización, alrededor de 30 ya se regularizaron y solo el 15% no atendió al llamado, negándose a participar en una visita conciliatoria tras varias notificaciones, por lo cual esos negocios fueron cerrados.
El ingeniero estructuralista Luis Adolfo Abbott declaró que las irregularidades detectadas en varias edificaciones implican riesgo de colapso incluso sin terremoto. Advirtió que “es cuestión de tiempo”, tras verificar que algunas construcciones no cumplían con el Código Dominicano de Construcción ni con los estándares internacionales.
Entre los negocios clausurados en 2025 se encuentran Suplax, Plaza Hope, Central Point, Súper Tienda Ming Sheng, La Rocca, Shopping Center New World, Dulce Hogar y Yo Me, todos de origen chino. Reportes oficiales indican que edificaciones como Suplax registran hasta un 69.9 % de probabilidad de daños moderados en caso de sismo.
Se documentaron protestas de empleados perjudicados por los cierres, como en la tienda Dulce Hogar, cuyo gerente reportó pérdidas diarias de 1.6 millones de pesos. Añadió que, pese a pagar una multa considerable y presentar la documentación requerida, las autoridades volvieron a cerrar el local por fallas graves en columnas y conexiones estructurales.
El representante de la empresa denunció que los cierran alegando incumplimientos después de un año de operaciones.
La Fundación Flor para Todos, solicitó soluciones parciales, como permitir que algunas áreas de los establecimientos sigan funcionando mientras se corrigen las fallas.
El economista Haivanjoe Ng Cortiñas afirmó que existe un sesgo evidente contra los negocios chinos.
El economista expresó su apoyo a que se corrijan los vicios de construcción mediante la fiscalización, pero rechazó la discriminación.
Rosa Ng advirtió que no se tiene conocimiento de inspecciones a otros establecimientos no chinos, e insistió en que la fiscalización no debe convertirse en discriminación.
El comercio entre China y República Dominicana ha superado los 23 mil millones de dólares en los últimos cinco años. Solo en 2024, las importaciones y exportaciones alcanzaron los 805 millones de dólares. En este contexto, el cierre de establecimientos chinos representa un golpe sensible a la economía y a la competitividad de precios en el mercado local.
El caso de los comercios chinos plantea un dilema nacional: cómo equilibrar la seguridad pública con el respeto a la inversión extranjera.
