En medio de la controversia por presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), surge un nuevo contrato millonario bajo el esquema de pago por cápita en el régimen subsidiado. Una investigación periodística reveló que KHERSUN S.A., del Grupo Read, era una de las principales beneficiarias, recibiendo considerables sumas mensuales. La situación plantea interrogantes sobre la transparencia y el manejo de fondos públicos destinados a la salud.
En el contexto del escándalo relacionado con irregularidades dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), ha salido a la luz un nuevo acuerdo de gran magnitud económica bajo el modelo de pago por persona afiliada en el régimen subsidiado.
Como resultado de la investigación periodística presentada en el programa N Investiga, se ha descubierto que, aunque SeNaSa no hizo públicos los nombres de los centros, se identificó a KHERSUN S.A., perteneciente al Grupo Read, como una de las entidades más favorecidas. De acuerdo con los documentos mostrados, esta firma percibía RD$ 65 millones cada mes, lo que se traduce en RD$ 780 millones anualmente, para un total estimado de RD$ 3,770 millones entre 2021 y 2025. El contrato comprende 35 centros de atención en todo el territorio nacional, de los cuales se visitaron cinco al azar utilizando cámaras ocultas. Los hallazgos fueron preocupantes: falta de especialistas, equipos insuficientes y extensos retrasos en la programación de citas.
Otra organización que dejó de recibir el pago por afiliado fue DELESTE SRL, también propiedad del Grupo Read. Establecida en febrero de 2021, esta empresa se presenta como parte de la expansión de Punto Médico en áreas turísticas de la región Este del país. No obstante, la realidad demuestra que solo dos de sus centros están localizados en zonas turísticas (La Altagracia y San Pedro de Macorís), mientras que 18 de ellos se encuentran en áreas rurales del noroeste.
El acuerdo con Deleste establecía un pago de RD$ 130 por cada uno de los 300 mil afiliados, sumando un total de RD$ 39 millones. Al igual que en el caso de Khersun, el equipo investigador advirtió sobre carencias en la infraestructura y la calidad del servicio en centros urbanos, lo que genera dudas sobre las condiciones de aquellos ubicados en áreas rurales.
Tras la divulgación del reportaje en el programa N Investiga, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) interrumpió los contratos con al menos once empresas privadas que operaban bajo el esquema de pagos fijos por afiliado dentro del régimen subsidiado. Estas empresas, que durante años recibieron importantes sumas de fondos públicos, seguirán recibiendo pagos únicamente por los servicios que presten.
La tercera institución destacada es la Fundación de Servicio Ambulatorio Nacional de Salud (SANAS), gestionada por el senador Félix Bautista. Aunque se presenta como una ONG sin ánimo de lucro, su red de atención médica ha desempeñado un papel fundamental en la estrategia electoral del legislador, quien ha ocupado un escaño en el Senado desde 2010.
Después de la suspensión del pago por afiliado, se produjo una desvinculación masiva de empleados en la fundación, lo que sugiere una marcada dependencia de fondos públicos para su funcionamiento.
Desde SeNaSa se ha insistido en que no existen irregularidades en la contratación de estos centros; sin embargo, la investigación puso en evidencia que, en muchos casos, no se ofrecían los servicios por los cuales el Estado pagaba, como se demostró con Khersun.
A esto se añade la crítica sobre la decisión de destinar recursos públicos a centros privados no especializados, en lugar de fortalecer la red pública de salud, lo que ha sido calificado por expertos como una privatización encubierta del primer nivel de atención.
Además de las ya mencionadas, se suspendió el pago por afiliado en los siguientes centros, manteniéndose únicamente el pago por servicios prestados: Unidad de Terapia Física Dr. Figueroa, CEMDA (Centro de Especialidades Médicas Dr. Acevedo), Clínica Cruz Jiminián, Centro de Salud Vivamax, Unidad Diagnóstica Cardiovascular Peravia, Centro Médico Dra. Daysi CEMEDA, Clínica de Salud e Imágenes Diagnósticas CLISID y Policlínicas Elohim Dominicana.
La respuesta oficial se produjo tras la exposición en los medios, no antes. El gobierno convocó a una inusual rueda de prensa un sábado, desde el Palacio Nacional, con la presencia de SISALRIL, para anunciar que ya existía una investigación con “indicios penales graves”, que sería remitida al Ministerio Público.
Sin embargo, desde el gobierno se evitó mencionar los nombres de los responsables y se distribuyeron “puntos clave” a líderes de opinión, recomendando minimizar la presión mediática y presentar la denuncia como un acto institucional espontáneo.
A pesar del escándalo, la resolución 0003-202-2025, emitida en mayo y publicada en septiembre, impuso una multa mínima de RD$ 1 millón, equivalente a 101 salarios mínimos, a pesar de que SeNaSa había incumplido pagos por más de RD$ 1,000 millones a prestadores de servicios, entre enero y septiembre de 2024.
Una resolución anterior, la 2-2025, emitida en abril, reconocía un patrón de incumplimiento de más de dos años, poniendo en riesgo la atención de los afiliados. No obstante, la sanción se limitó a RD$ 1.88 millones, sin medidas correctivas significativas.
Paradójicamente, en otros casos individuales, las sanciones fueron más severas:
El 21 de julio de 2025, SeNaSa fue multada con RD$ 3.88 millones por negar una cirugía de escoliosis.
El 20 de noviembre de 2024, fue sancionada con RD$ 3.74 millones por limitar la cobertura de una escisión de disco intervertebral.
Ambas sanciones superan con creces la impuesta por el retraso generalizado en pagos a prestadores durante años.
El caso plantea interrogantes fundamentales que hasta ahora no han sido respondidas por las autoridades:
¿Por qué, si conocían desde hace meses las anomalías, se permitió la continuidad de contratos y facturaciones?
¿Qué criterios se usaron para asignar fondos millonarios a empresas con deficiencias documentadas?
¿Quiénes serán responsables legales, si se demuestra negligencia o dolo?
¿Por qué las sanciones han sido tan mínimas frente a incumplimientos tan graves?
La falta de transparencia y la respuesta tardía del Estado en este caso aumentan la preocupación ciudadana sobre la gestión de los fondos públicos, y evidencian una falla sistémica en la fiscalización de los recursos destinados a la salud de los sectores más vulnerables del país.
